Las compañías aéreas que operan en España, nacionales e internacionales, han decidido abandonar la política de “comprensión” que han mantenido con su principal proveedor de servicios aeroportuarios y de navegación aérea, AENA, en relación a los continuos conflictos que la empresa pública tiene con su colectivo de controladores.

A partir de ahora serán “rigurosas” en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones que tienen concertadas mediante contratos. Están dispuestas a reclamar hasta el menor gasto extraordinario que les genere el incumplimiento por AENA (aunque sea por culpa de sus empleados) de los servicios pactados. “Nosotros tenemos contratos con AENA y no con los controladores, y por eso debemos reclamar a AENA y no a los controladores”, aseguraron fuentes de la patronal Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Las 45 grandes compañías aéreas extranjeras que operan en los aeropuertos españoles y que se agrupan en esta patronal han decidido ir más allá. En una reunión de la junta directiva celebrada recientemente, han otorgado poderes a su dirección para que, en representación de cada una de ellas, reclamen “cheque a cheque y factura a factura” todos los gastos extraordinarios que vienen soportando por el conflicto de los controladores.

Tales gastos se produjeron por las atenciones complementarias que tuvieron que ofrecer a los pasajeros que se quedaban descolgados, en conceptos tales como noches de hotel, comidas, contratación de autobuses, movilización mediante horas extra de personas de su plantilla, etc.

ALA y sus asociados han dado un paso más y han concertado que rechazarán las facturas que AENA les pase el próximo mes de enero en concepto de los servicios que los aeropuertos de su red y los servicios de navegación aérea les dispensaron durante las fechas del conflicto de los controladores.

ALA, que entre otras aerolíneas representa a Air France, Lan Chile, Santa Bárbara, British Airways, Alitalia o American Airlines, estima que los daños ocasionados por el cierre del espacio aéreo durante el puente de la Constitución podrán ascender a una cifra que oscilará entre 30 y 45 millones. Este cálculo incluye los gastos correspondientes a los últimos meses “en los que el conflicto estuvo latente, ocasionando retrasos y cancelaciones en los aeropuertos españoles”.

La patronal que agrupa a las principales aerolíneas nacionales, Aceta, evaluó en 100 millones de euros los gastos ocasionados por el conflicto de los controladores. Fuentes de esta asociación dijeron que sus servicios jurídicos todavía están evaluando cuál es la mejor vía y estrategia jurídica para reclamar a AENA los daños causados.

Fuentes de ALA han explicado que sus representadas quieren terminar con la asimetría que existe en la exigencia de responsabilidades en el sector aéreo. Mientras “están muy claras la reclamaciones que los viajeros pueden plantar a las aerolíneas, falta concreción en los derechos de las compañías, frente a sus proveedores de servicios aeroportuarios y de navegación”.